¿ERRORES JUDICIALES, MALA PRAXIS O SIMPLE DEJADEZ?

Una noche de estío del mes de agosto la Guardia Civil me reclama en la recepción del hotel donde estoy alojado a las ocho de la mañana. Solicita de mi persona la dirección postal, sin más explicación que mi relación con un Procedimiento Abreviado en otra provincia. Accedo sin el menor problema, pues siempre he confiado en el buen hacer de la Benemérita.
Sin más explicación me quedo en albis en un mes inhábil judicialmente hablando. Casi un mes más tarde, un viernes para más inri, me dejan una citación en mi buzón para que acuda a recoger una resolución judicial y entregar mi carnet de conducir. Sin saber a qué venía entro en la página de la DGT donde mi carnet figura con 14 puntos, como es normal en alguien que lleva 21 años conduciendo sin problemas. El fin de semana fue glorioso como uno puede imaginar.
Acudo este lunes al juzgado nervioso por lo que era un proceso que yo no entendía y la funcionaria de turno me cuenta que se requiere mi carnet por un período de cuatro años, cuatro. Le explico mi situación y tras una simple llamada telefónica al juzgado de la provincia que me reclamaba da como resultado que sí, efectivamente el juzgado se llama como yo pero, su DNI no coincide, así como otros datos. La diligente funcionaria me despide con una disculpa y una sonrisa.
Uno no puede más que preguntarse si en pleno S.XXI, es tan difícil averiguar si una dirección y un nombre coinciden de manera efectiva con la persona a la que se acusa. Cómo es posible que dos miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado sean tan ineptos como para no cerciorarse de la veracidad de la identidad de quien están de alguna manera acusando. Cómo puede haber un error de este calado a estas alturas de la película. No es de extrañar que muchos piensen en la Ley de Talión antes situaciones similares. Este ha sido un caso más de los muchos errores judiciales que fastidian la vida a las personas que cumplen con sus obligaciones civiles y laborales. Quién resarce ahora el más de un mes de incertidumbre, quién se responsabiliza en realidad de un error que debería, cuando menos, suponer una falta grave para el funcionario responsable. Acudir a la justicia para enfrentarse a la propia justicia es un riesgo que para bolsillos vacíos como los actuales no son fáciles de asumir; nos queda pues el derecho al pataleo y el poder criticar el lamentable estado de la Justicia en España. Una justicia que se supone pilar básico del Estado y que últimamente deja bastante que desear.