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domingo, 28 de octubre de 2012

La justicia de las leyes injustas

Los desahucios van en aumento, las consecuencias de la crisis que nos envuelve desde hace unos años, arrastra por el tobogán de la angustia y la desesperación a casi 500 personas cada día. Gentes que confiaron en la palabra interesada de banqueros sin escrúpulos que les vendieron la posibilidad de comprar el mundo con papel mojado. Las Leyes, como casi siempre, están del lado de ellos, de los que se benefician de la bajada de pantalones de los políticos; a quienes tienen atrapados por créditos infames. La banca, en connivencia con todas las administraciones públicas permitió que este país viviese muy por encima de sus posibilidades. Sabían, porque eran conocedores de ello, que jamás se pillarían las manos, todo lo más algún que otro escándalo para acallar a la opinión pública. Al final seríamos nosotros, todos nosotros, quienes tendríamos que arreglar su desaguisado. La Ley de desahucios es de 1909, y seguimos infligiendo un castigo atroz a quienes son víctimas, arrastrándolos de sus casas porque un día se dejaron llevar por la mano en la espalda de quienes ahora los empujan al cadalso financiero. Parece difícil entender como una sociedad del siglo XXI se somete a leyes que fueron aprobadas a comienzos del XX. En este caso no se puede echar la culpa a la justicia, que se ve atada de pies y manos por una ley inflexible que ha de aplicar bajo la presión de fiscales y abogados. El problema es del legislador, del Gobierno. Un Gobierno que puede hacer mucho por derogar o modificar dicha ley y hacer mucho más humano un proceso ya proceloso en las formas. La posibilidad de entregar nuestra vivienda hipotecada y cancelar así la deuda no se fija en el Congreso porque los partidos políticos adeudan demasiado dinero a la banca; y esta no tiene reparo alguno en apretar el nudo para que el legislador vaya por otros derroteros. La aplicación de injusta de las leyes se produce cuando el perjuicio que se causa a quien ha cometido una falta o delito, va más allá de la reposición de un bien económico. El daño moral y psicológico que resulta de la aplicación estricta de dicha ley hace que el Estado se haga también cargo de los gastos sanitarios que resultan de las crisis de ansiedad, nervios, etc. Así, los únicos que se van de rositas son aquellos que iniciaron el proceso, los bancos. En los próximos meses los medios de comunicación se irán haciendo eco de los diferentes casos de desahucio, de los suicidios que resulten de este problema y demás. Pero no creo que ningún medio de comunicación permanezca estoico defendiendo al ciudadano de los desmanes de los bancos. El poder económico y financiero, ese que coloca a los políticos donde les gusta, se encargará con maniobras soterradas o públicas de sembrar la opinión publicada de falacias sobre la libertad del cliente para solicitar uno u otro crédito. La inducción a comprar pisos todavía no es delito. ¿Cómo se combate esto? ¿cómo se puede modificar? Desde luego con presión social, elevando al congreso el número suficiente de firmas como para hacer comprender a los políticos que ellos también pueden ser víctimas, incluso de sí mismas. No se trata sólo de protestar delante de cada casa desahuciada, sino de postularse claramente del lado de la acera que es necesario. La pena es que este es un país donde las protestas sociales se llevan a otros campos ideológicos que terminan por hacer perder el interés de buena parte de la ciudadanía por más que se jueguen mucho en ello.

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